La ley antiterrorista y la criminalización de menores Mapuche

Aunque la justicia prohíbe la aplicación de la Ley Antiterrorista contra menores de edad, tribunales aceptó un delator compensado en el juicio oral de un joven comunero. En el caso de José Ñiripil se ocupó como única prueba la declaración de un testigo protegido. Representantes de los menores acusan que se está omitiendo la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

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Foto (archivo) de Felipe Durán

Por Carolina Rojas – Fuente: El Dínamo

En Temucuicui la historia de Juan Patricio Queipul ya es conocida. Hoy tiene 18 años, pero de niño se crió con su tío Víctor Queipul, el lonko de la comunidad. Allí es más conocido como “Patito” y también como niño tímido que dejó de asistir al colegio San Francisco de Asís cuando apenas rozaba los 11 años, en ese tiempo ya había empezado la persecución a él y a su familia. En la prensa, lo reconocen como el joven comunero que estuvo escondido en un cerro al sur de río Malleco cuando decidió declararse clandestino. Apenas tenía 15 años.

En dos semanas, Queipul junto a Luis Marileo, deberán enfrentar el juicio por la causa “Peaje Quino” de la ciudad de Victoria. Ambos casos también son la cara de otras situaciones similares, de niños precoces como Gabriel Valenzuela recluido en Cholchol, quien estuvo en huelga de hambre,  o como la del joven mapuche José Ñiripil Pérez.

El segundo, es comunero de la comunidad Mateo Ñirripil y fue imputado siendo menor de edad en septiembre de 2009 por el caso “Fundo Brasil” y los delitos de incendio de carácter terrorista y robo con intimidación. El 11 de noviembre, en su juicio, se aceptó como única prueba la declaración de un testigo protegido. “Hoy, en pleno 2013 tenemos un menor condenado por ley antiterrorista, respecto de este caso, el viernes se cumple un plazo y nosotros pediremos la nulidad ante la Corte Suprema”, dice la abogada Karina Riquelme.

Respecto al caso de Patricio Queipul, la abogada comentó que el viernes pasado, en medio de la preparación del juicio oral, el Tribunal aceptó incorporar la declaración de un llamado “delator compensado” (artículo 4 de Ley antiterrorista) y que el juez Francisco Maragaña –que es juez de letras- validó la declaración. “Raúl Castro Antipán, el llamado delator compensado, ya es un testigo conocido porque ha declarado en tres juicios en contra de mapuches, en todos los juicios los comuneros han sido absueltos (…) En la preparación del juicio, se consideró valida su declaración en contra de menores de edad contraviniendo las reformas y toda norma internacional”, comentó Riquelme y agregó. “Esto es responsabilidad del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, cuando se separó a los menores de los adultos imputados en este juicio, se hizo porque la idea era que no se les aplicara en ningún caso la Ley antiterrorista y aun así el Ministerio Público insistió en llevar pruebas, ¿Cuál? La del delator y los Tribunales de Justicia lo aceptaron, ya existe una ley que es la Responsabilidad Penal juvenil, la única norma que se debería haber aplicado”, comentó.

Sebastián Saavedra abogado de los menores comentó que tanto Queipul como Marileo se encuentran en una situación gravísima, y que Patricio, que tenía 15 años en octubre del 2009 cuando sucedieron los hechos, se le debería imputar respecto de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. “Al testigo de la delación compensada se le rebajará la pena en dos grados que en el caso de Raúl Castro Antipán de 10 o 15 años su pena quedará reducida a 540 días, en cambio a Juan Patricio Queipul que tenía 15 años cuando ocurrió todo, está siendo tratado como un terrorista y arriesga de pena de diez a quince años”.

Víctor Queipul está preocupado por el futuro juicio que Patricio deberá enfrentar, quien es más que su sobrino, su hijo adoptivo. “Estoy nervioso, porque Patricio tiene como dos causas, entre ellas una por desórdenes públicos cuando Piñera visitó la comuna Ercilla, él podría pasar directamente a la cárcel, en la preparación de juicio quedamos sorprendidos, pensamos que si a los adultos imputados no le habían aplicado la Ley Antiterrorista con el uso de testigos protegidos, con los menores sucedería lo mismo… No sé qué pasó”, dice con angustia.

Tamara Monsalve, vocera del menor Gabriel Valenzuela durante la pasada huelga de hambre, comenta que la situación del joven no hace más que empeorar. A él se le imputan los delitos de robo con homicidio y homicidio frustrado. Lleva un año y tres meses de internación provisoria en Chol-Chol, alejado de su comunidad y de su familia. Lleva más tiempo privado de libertad de lo que estaría un joven que no fuera de la etnia mapuche. Su salud se ha visto muy afectada, principalmente por cuadros de estrés después de la huelga. “Hoy comenzó su juicio en el Tribunal de Angol, debe viajar tres horas y deberá seguir haciéndolo (…) En su caso y el caso de otros niños, la estrategia del Estado ha sido cambiar lo de la Ley antiterrorista por delitos comunes, así no hay tanto revuelo, pero se criminaliza la lucha del pueblo mapuche y la lucha de estos jóvenes como Luis y Patricio que han sido perseguidos desde niños. Hoy Gabriel está viviendo  mucho estrés. Sename se refirió a esta situación, pero no han dicho que ellos son los que han generado esto, él ha sido víctima de la persecución de los mismos educadores por quienes ha sido violentado y hostigado.  Aún no hay sumarios…”, concluye.

¿Por qué se usa el delator compensado en juicios contra menores?

Pablo Ardohain, como miembro de la Defensoría Penal Mapuche, explica que “el uso de testigos secretos, incluso se hace utilizando la legislación común”.

Ardohain, que representó a Héctor Llalitul, explica que más que “testigos protegidos”,  lo que se usa en estos casos es la figura de un “delator compensado”.

“Pese a que no se puede usar la Ley Antiterrorista (por tratarse de niños), se permite el uso del  ‘delator compensado’, que se aplica la legislación común”. Y agrega:  “nuestra excelentísima Corte ha señalado que el uso de testigos secretos existe, incluso,  en juicios contra menores de edad y son admisibles porque la legislación común lo establece, nosotros no concordamos con esa interpretación, hemos tenido causas menores que en delitos comunes han sido imputados por testigos secretos, lo hemos discutido, pero siempre nos ha ido mal. El persecutor penal en la actualidad ya no tiene que aplicar la Ley Antiterrorista, ante muchas herramientas como la de testigos secretos, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha estimado que se pueden ocupar herramientas de la legislación común, nos encontramos frente a una situación en la que siempre reclamamos, pero nos sale el tiro por la culata”.

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